Entrega al PRI iniciativa para crear un organismo que dé empleo a 16 mil electricistas
En magna asamblea extraordinaria recuerda el “fatal primer aniversario” de la desaparición de LFC
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 7 de octubre de 2010, p. 14
Se acabó la tregua. “El gobierno federal no cumple”, por lo que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) reiniciará movilizaciones, así como acciones por la vía legislativa, para lo que ya entregó en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley en la que plantea la creación de un nuevo organismo que preste el servicio de energía eléctrica en el centro del país, misma que será impulsada por el PRI.
El Palacio de los Deportes fue escenario de la magna asamblea extraordinaria realizada ayer por el SME, en la que acordó “volver a las calles” en acciones contundentes ante el “sinuoso, atropellado y lento camino” que ha significado la mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación.
Asimismo, convino realizar una serie de actos, que incluyen una movilización –el próximo sábado– frente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y el día 11 una marcha y concentración en el Zócalo, donde realizará una asamblea de usuarios para recordar el “fatal” primer aniversario de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
En el Palacio de los Deportes, colmado por los más de 16 mil electricistas en resistencia y casi 10 mil jubilados y sus familias, las proclamas y reclamos fueron contra el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, a quien le recordaron que hace un año los había dado por muertos, y luego de un casi año aún no ha logrado entregar el acta de defunción del SME; por el contrario, ha convertido este movimiento en un “conflicto social”.
Durante el foro, al que asistió el político Manuel Bartlett Díaz, el líder del sindicato, Martín Esparza Flores, advirtió que los secretarios de Gobernación (Francisco Blake) y del Trabajo serán responsables de lo que pase en las calles, porque no han cumplido los acuerdos que se tomaron a cambio de levantar la huelga de hambre que realizaban varios electricistas en un campamento del Zócalo. Además –dijo–, la tregua de movilizaciones se hizo con el gobierno capitalino, no con el federal, y la vía pública es de la clase trabajadora, sostuvo.
Señaló que si no es por la vía de la negociación que los electricistas regresen a trabajar, será por la legislativa, por lo que ya se entregó a una comisión de diputados del PRI una iniciativa de ley para que se cree un organismo, empresa o una nueva comisión de electricidad del centro, “o como se quiera llamarle”, la cual será impulsada por legisladores de ese partido y ya está siendo consensuada con diputados de PRD, PT y Convergencia para que la apoyen, dijo Esparza.
En un ambiente de enojo por el año en que han “sobrevivido en el desempleo”, pero en el que los trabajadores del SME también organizaron las clásicas “olas”, el secretario del interior del gremio, Humberto Montes de Oca, expuso que la iniciativa de reformas a la ley planteada por el SME será impulsada para que de inmediato se discuta en el Legislativo y para que, incluso, su análisis se contemple dentro de la revisión del Presupuesto de Ingresos y Egresos de 2011. Esta es la vía más directa para lograr la solución, porque “la negociación en Gobernación ha sido sinuosa y lenta”.
Los electricistas estuvieron acompañados por otros dirigentes gremiales, como Benito Bahena, de la Alianza de Tranviarios, quien hizo una acre crítica a la actuación de Javier Lozano al frente de la STPS. Éste, dijo, sólo vino a este sexenio a “golpear, golpear y golpear” a los trabajadores. El secretario del exterior del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Francisco Galindo, aseguró que esta organización se sumará a las movilizaciones del 11 de octubre y va a realizar marchas a la Cámara de Diputados para demandar más presupuesto para la educación media y superior.
En el escenario principal de esta asamblea, en cuya base había un enorme cartelón con una caricatura de Lozano manejando un títere con la figura de Alejandro Muñoz, trabajadores como Ricardo Pérez, quien estuvo 72 días en huelga de hambre–, Mario Benítez y José Antonio Almazán llamaron a acompañar las acciones en San Lázaro y el Senado con sendas protestas el 15 y 30 de octubre, así como el 15 de noviembre; plantearon también cobrar al gobierno federal la factura de no cumplir los acuerdos y convertir la concentración del 11 de octubre en marcha a la plaza mayor.
Esparza respondió: “llevamos un año y no nos hemos cansado, y no vamos a cansarnos hasta recuperar el contrato colectivo de trabajo y el empleo”. También habló de Víctor Fuentes del Villar, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, quien, aseguró, “se ha convertido en cómplice de la corrupción que hay en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual es encabezada por el jefe del cártel de la electricidad: Alfredo Elías Ayub”, mientras los trabajadores querían empezar en ese mismo instante movilizaciones por Viaducto, “para retomar la calle al haber cumplido un año en resistencia”.
¿A quién enfrentamos?
José Antonio Almazán González
Periódico La Jornada
Jueves 7 de octubre de 2010
Una de las pruebas de los ilegales intereses presentes en el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el despido injustificado de más de 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) nos lo brinda la iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) que el entonces diputado del PAN Roberto Gil Zuarth presentó el 13 de octubre de 2009 en la Cámara de Diputados. ¡Tan sólo tres días después de la toma violenta, por aire y tierra, de las instalaciones de LFC! La premura de esta iniciativa tuvo que ver con el cálculo político de exterminar en pocos días la resistencia del SME y legalizar de inmediato la rapiña sobre LFC.
1. Mediante reformas a los artículos 10 y 12 y la creación de los capítulos X y XI de la LSPEE y al artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y “con la finalidad de ajustar el marco regulatorio del sector eléctrico del país a los principios constitucionales de responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, gobierno corporativo y eficiencia en la prestación de los servicios públicos”, la citada iniciativa reconoce un hecho y pone al descubierto sus reales intenciones: la figura de patrón sustituto y su propósito de avanzar en la privatización de la industria eléctrica mediante “empresas prestadoras del servicio de suministro de energía eléctrica”.
De manera cínica esta iniciativa del PAN señala que la decisión presidencial de liquidar LFC “puso fin a una excepción al modelo de servicio público planteado desde la reforma cardenista, excepción que sin duda alguna afectaba a los habitantes del área metropolitana del valle de México y que provocaba condiciones diferenciadas en el disfrute del servicio, además de un importante caudal de recursos públicos”. Después en cuatro párrafos reconoce que “en virtud de esa decisión, la CFE –Comisión Federal de Electricidad– asume nuevamente las funciones que venía prestando el organismo descentralizado liquidado, y que estaban planteadas desde la nacionalización de esa industria”, aceptando que “la CFE será la única empresa estatal que tendrá a su cargo la prestación del servicio público de energía eléctrica en los términos del artículo 27 constitucional y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica”. De manera reiterativa acepta que “al asumir las funciones de Luz y Fuerza, se torna impostergable que la CFE cuente con un marco normativo moderno y eficaz” (subrayados míos). Como el PAN lo reconoce, aunque Lozano lo niegue, CFE es para todos los efectos constitucionales, legales y laborales el patrón sustituto en los términos de la Ley Federal del Trabajo y del artículo 290 de la Ley del Seguro Social.
2. Por supuesto la figura de “proveedor del servicio del suministro de energía eléctrica” o “empresas prestadoras del servicio de suministro de energía eléctrica” no existe en la LSPEE ni en su reglamento. Por la simple y llana razón de que la Constitución lo prohíbe al establecer en el párrafo sexto del artículo 27 la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Sin embargo, en CFE la existencia de estas empresas es un hecho verificable desde hace muchos años, al igual que en Pemex. Empresas contratistas, en algunos casos propiedad o con participación accionaria de funcionarios públicos de CFE y de Pemex. Pero en todos los casos fuente de corrupción y de amasamiento de grandes fortunas con cargo al erario. Y precisamente, como este tipo de empresas están por fuera de la Constitución y la ley, el PAN presentó su iniciativa para legalizar en ley secundaria lo que la Constitución prohíbe; y en premio a su esfuerzo legislativo Roberto Gil Zuarth fue promovido a subsecretario de Gobernación.
3. De todos es conocido que el plan maestro de privatización de los energéticos salió de las oficinas centrales del Banco Mundial, del llamado Consenso de Washington y de los mandos del Fondo Monetario Internacional, bajo la preeminencia del imperialismo estadunidense. Estas políticas privatizadoras se han instrumentado por medio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la llamada Alianza para la Seguridad y Prosperidad para América del Norte. En México han avanzado mediante reformas a leyes secundarias como fue el caso de la contrarreforma a la LSPEE promovida por Salinas de Gortari en 1992 y otras menos conocidas en 2008, hasta desembocar en esta última iniciativa del PAN.
Con el pretexto de regular los derechos básicos de los usuarios eléctricos, el PAN introduce la figura jurídica de “empresas prestadoras del servicio de suministro de energía eléctrica”, para las siguientes funciones: “servicio ofrecido, su precio, condiciones de contratación y sus características; la facturación, el cobro, las medidas de consumo y demás características del servicio contratado; calidad, garantía y seguridad en la prestación del servicio por parte del proveedor, el derecho a la reparación e indemnización adecuada, oportuna y eficaz por los daños materiales en que incurra el proveedor por el incumplimiento de sus obligaciones”. En suma, para dejar en manos del capital privado toda la cadena productiva eléctrica (conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica), en el entendido de que ya 40 por ciento de la generación eléctrica está en manos del capital extranjero. ¡Y todavía se ofenden cuando se les califica de vendepatrias o de que sus decisiones públicas las toman al amparo etílico! A un año del golpe fascista el SME reclama: ¡patrón sustituto y toma de nota ya!
Astillero
- De Monterrey a Monterror
- Procurador Chávez perora
- FC, peligro para elecciones
- Que pida perdón: AMLO
Periódico La Jornada
Jueves 7 de octubre de 2010
Julio Hernández López
Cada día Felipe Calderón deja más en claro que es un peligro para las próximas elecciones. Ha cercenado de manera sistemática libertades, garantías y legalidad, recluyendo a los ciudadanos en el calabozo del miedo activo y la amenaza latente, haciendo inviable el ejercicio cívico y comicial a causa del narcotráfico dominante y de la reacción policiaco-militar igualmente restrictiva e inhibitoria, envenenando intencionalmente el espectro de la diversidad mediante las alianzas partidistas pervertidas, retorciendo mecanismos judiciales para castigar a adversarios y promover personajes afines (incluso pertenecientes al orden familiar, como sucede en Michoacán) y advirtiendo desde ahora, con toda oportunidad, para que nadie se llame a engaño, que hará cuanto sea necesario para no dejar el poder o, cuando menos, para no dejarlo en manos de quien él no quiera.
Felipe sin pudor, que revive el lema central de la división social mexicana, el que adjudicaba a Andrés Manuel López Obrador ser un peligro para México, y lo enarbola para dar el banderazo de arranque de una nueva guerra sucia de propaganda contra el tabasqueño que ha resistido una criminal campaña de difamación y se reconstruye desde abajo, a pesar de todos los obstáculos que le han puesto. Si el asesino suele volver al lugar del crimen, el defraudador electoral está regresando al sitio de sus andanzas tramposas, regodeándose del botín alcanzado, una presidencia siempre tachada de espuria, y fabricándose a partir de esos falsos trofeos la creencia convenenciera de que “ganó” los comicios de 2006 a causa del impacto que habría tenido la frase salvaje que le endilgaron los estrategas estadunidenses y españoles, con el luego naturalizado mexicano Antonio Solá como comandante en jefe. Sueños de legitimidad inalcanzados, que hacen a Calderón hablar de 15 millones de votos logrados como si no hubiese tenido, formal e hildebrándicamente, apenas una diferencia de medio punto porcentual.
Felipe en guerra contra quienes piensan distinto a él y, en particular, contra quienes en legítimo ejercicio de sus derechos decidieron apoyar al candidato oficial de un partido legal, López Obrador, y en ese mismo esquema de libertad de elección podrían volver a apoyarlo. AMLO, según el licenciado HSCHC (haiga sido como haiga sido), “le gusta a sus fanáticos, le gusta a un extremo súper radical, le gusta a esta especie de feligresía, pero no le gusta al mexicano común que trabaja, lleva a sus niños a la escuela y quiere vivir en paz y tranquilidad. En la medida que corrija eso va a poder sacar a relucir los talentos que como cualquier persona tiene, y ojalá le vaya bien”. ¡El jefe formal del aparato político mexicano descalificando a los millones de personas que votaron y tal vez volverían a votar por ese candidato, y estableciendo normas de conducta y correctivos para ese presunto aspirante! Y, en la misma entrevista con Salvador Camarena, en W Radio, el caldero hablando de fuegos: “Se sembró una campaña de odio clasista, revanchista. El despertar en México eso de los ricos, los privilegiados, generó un odio que polarizó mucho”.
Fue comedida la respuesta de López Obrador a los exabruptos de FCH. Antes de hacer comentarios a su libro que era presentado en la Alameda de la capital del país, leyó una serie de consideraciones en las que predominó el aire de amor y paz que le ha caracterizado en su fase reciente. Él, AMLO, ni siquiera utilizaría contra Calderón ese fraseo del peligro para México, a pesar de las decenas de miles de muertos a causa de la “guerra” contra el narcotráfico. Prefirió el ofendido llamar al ofensor a que pida perdón por los daños que ha causado al país, y que de penitencia se abstenga de “seguir optando por la mentira y la confrontación”.
Pero, así como los escándalos declarativos de Calderón ayudaron a tapar los escándalos relacionados con la ganga otorgada a Televisa y Nextel mediante la vergonzosa y delictiva licitación 21, la respuesta de López Obrador coincidió con el proceso de cambio de nomenclatura norteña: de Monterrey a Monterror. Los habitantes de la capital de Nuevo León y su zona conurbada han ido viviendo el tránsito de la violencia “entre ellos”, los narcotraficantes, al ataque intencional a personas inocentes. Siembra de miedo entre la población no involucrada en la “guerra” contra el narcotráfico. Una granada contra gente que descansaba o paseaba en la plaza principal de Guadalupe, en días pasados. Balas en la plaza Morelos, siempre concurrida, de Monterrey. Se va cumpliendo el libreto Hillary que tomaba los ataques con coche bomba como muestra del paso del narcotráfico a fases distintas, no sólo con visos de insurgencia, sino de terrorismo. Dolorosa realidad cotidiana en una entidad cuyo microgobernador, Rodrigo Medina, sólo atina a seguir haciendo grilla con gel a favor de Peña Nieto pero que tiene abandonada la entidad mientras sus adversarios impulsan la idea de que habrá de caer el priísta huidizo; la guerra contra el narcotráfico, en su fase de terrorismo, colocada por algunos como presunta palanca de cambios políticos forzados en un Nuevo León siempre apatecido por el panismo-calderonismo.
En San Lázaro, mientras tanto, el procurador general de la República, Arturo no Chávez no Chávez, regalaba a la concurrencia un didáctico mural de la desgracia nacional. Valido apenas de algunas frases de cajón, pertrechado tras el breviario del buen burócrata intrascendente, el ex procurador de Chihuahua parecía hablar de otro país, uno que fuera medianamente inquieto, firmemente apegado al estado de derecho y sus paraísos reglamentarios, orgullosamente practicante de sus derechos y obligaciones, sin balaceras, colgados, descuartizados, secuestrados ni asesinados. Dosis de inconsciencia e irresponsabilidad de parte de los funcionarios de Calderón que, con éste, son el verdadero peligro para México.
Y, mientras el SME retoma este lunes las calles y la lucha, a un año del golpe, ¡hasta mañana!
Ya son tres los funcionarios de la CFE acusados de recibir sobornos
Presentó denuncia contra empresas que pagaron por contratos
Víctor Cardoso
Periódico La Jornada
Jueves 7 de octubre de 2010
Se elevó a tres el número de altos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acusados de recibir sobornos por la asignación de millonarios contratos. Ayer la paraestatal despidió a Gustavo Salvador Torres, quien tenía el cargo de subdirector del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), para que aclare su situación y relación con los hechos investigados.
La CFE informó que este miércoles presentó, además, una tercera denuncia de hechos, por la probable comisión de actos constitutivos del delito de cohecho en contra de las empresas ABB Inc y Lindsey Manufacturing Co, de sus representantes comerciales y quienes resulten responsables de posibles actos de soborno para obtener contratos asignados por esa paraestatal. Del mismo modo la paraestatal exigió en tribunales, a través de una demanda civil, el pago de los daños y perjuicios provocados por los presuntos actos de corrupción a cambio de otorgar millonarios contratos.
Al escándalo, que involucra ya a dos ex directores de operaciones de CFE, Arturo Hernández Álvarez y Néstor Moreno Díaz, se sumó el despido de Gustavo Salvador Torres. Versiones no confirmadas calculan que serían cuatro los importantes funcionarios de la empresa eléctrica que habrían estado involucrados en el caso de corrupción.
La CFE informó que “por conducto de las autoridades competentes ha solicitado la cooperación de las autoridades estadunidenses para la integración de los casos, de conformidad con lo pactado en la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, el tratado entre México y Estados Unidos sobre asistencia jurídica mutua, y la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la OCDE”.
El 27 de septiembre, en una corte de distrito en Texas, fiscales de Estados Unidos presentaron acusaciones contra una subsidiaria de ABB Ltd por conspiración relacionada con sobornos pagados a funcionarios de la CFE para ganar, en 1997 y 2003, contratos de actualización de la red principal del sistema eléctrico que permitieron a la empresa acusada ingresos por más de 81 millones de dólares.
Dentro de las investigaciones, el primero en ser mencionado fue el ex director de Operaciones de la paraestatal mexicana, Néstor Moreno, como uno de los funcionarios involucrados, a quien se le habrían entregado un departamento con valor de varios millones de dólares y un Ferrari último modelo. De acuerdo con la información generada, el gerente general de la empresa, John O’Shea, quien fue despedido en 2004 luego de descubrirse el escándalo, se encargó de aprobar los pagos y enviarlos, por medio de intermediarios, a funcionarios de CFE.
A raíz de la denuncia presentada en Texas, ayer la empresa eléctrica mexicana emitió un comunicado en relación con las informaciones publicadas sobre las investigaciones sobre sobornos. Recordó que el 29 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició un juicio contra la empresa ABB Inc, que se declaró culpable de conspiración y soborno a servidores públicos de CFE. En el mismo proceso ABB Inc también aceptó su responsabilidad en una investigación similar iniciada por el organismo regulador de la actividad financiera, la Comisión de Cambios y Valores.
Además, según la CFE, por acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos ante una corte federal de California, el 15 de septiembre de 2010 se inició un proceso federal por la presunta comisión de actos ilícitos similares en contra de dos representantes de ventas en México de Lindsey Manufacturing Co, Enrique Faustino Aguilar Noriega y Ángela María Gómez Cepeda, esta última detenida.
Asegura PGR yate a ex director de Operaciones de la CFE
Se presume que es producto de un delito, pues Néstor Félix Moreno es acusado de recibir sobornos.
Alfredo Méndez
México, DF.
La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró este jueves el yate del ex director de Operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Félix Moreno Díaz, que se encontraba en el puerto de Acapulco.
En un comunicado, la dependencia indicó que la embarcación, rotulada con el nombre de Dream Seeker, es de la marca Horizon modelo 1999, de 82 pies de eslora, con el número de casco HRN82109L899 y con identificación oficial 1078029.
El aseguramiento fue ordenado por el Ministerio Público Federal por tratarse, presuntamente, de un objeto, instrumento o producto de un delito, con el número de averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPJ/MXXVI/136/2009.
Moreno Díaz es acusado de recibir sobornos millonarios a cambio de contratos en la paraestatal.
Aseguran que el Jefe Diego pronto será liberado; hay acuerdo con los secuestradores
Familiares del panista enviaron una carta a la PGR con la información, trasciende
En el documento no se especifica la cantidad que implica el pacto o si ya fue pagada
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 7 de octubre de 2010, p. 11
Los familiares de Diego Fernández de Cevallos informaron al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, que han llegado a un acuerdo con relación a las pretensiones económicas de los plagiarios del político y abogado panista, pero omitieron darle detalles respecto de si ya se pagó el monto del rescate y/o a cuánto ascendería esa cantidad, revelaron ayer fuentes gubernamentales y jurídicas cercanas a los hijos del ex senador.
A decir de las fuentes consultadas por La Jornada, Chávez Chávez recibió la semana pasada una carta elaborada por la familia del político que fue secuestrado el pasado 14 de mayo, en la que se informa al funcionario federal que Fernández de Cevallos está con vida y confían en que pronto sea liberado.
También ayer trascendió que al menos desde hace tres semanas la Procuraduría General de Justicia de Querétaro declinó competencia a favor de la PGR en el caso Fernández de Cevallos, por lo que la averiguación previa que se abrió hace más de cuatro meses en aquella entidad por el delito de secuestro está en manos del titular del Ministerio Público Federal.
Los funcionarios consultados indicaron que el expediente de la averiguación previa abierta por este caso está directamente a cargo de Chávez Chávez, a diferencia de lo que ocurre en los casos de investigaciones por delitos de secuestro en los que están implicados grupos criminales, en los que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada es la que realiza las pesquisas.
El pasado 13 de septiembre, una nueva fotografía que correspondería a Diego Fernández de Cevallos y un segundo comunicado firmado por “misteriosos desaparecedores”, presuntos captores del político, fueron enviados a correos electrónicos de diversos comunicadores. El boletín informativo y la imagen provenían de la dirección electrónica misteriosos.desaparecedores@yahoo.com.
El mensaje enviado por “misteriosos desaparecedores” refería que la familia del ex senador lo abandonó y que a sus amigos no les importó su suerte.
En aquella ocasión, fuentes de la PGR que pidieron no mencionar sus nombres revelaron a este diario que Helena y Beatriz Fernández de Cevallos, hermanas del abogado secuestrado, estaban inconformes con la estrategia de negociación que encabezan Diego Fernández, hijo del Jefe Diego, y el abogado Antonio Lozano Gracia, socio del político panista.
La versión de las fuentes consultadas refería entonces que Lozano y el hijo de Diego Fernández habían recomendado a la familia del ex candidato a la Presidencia de la República dilatar el pago de los 50 millones de dólares en efectivo que según esas fuentes solicitaban los captores a cambio de la libertad del Jefe Diego, supuestamente para desesperar a los delincuentes y que disminuyeran sus exigencias.
Ayer, las versiones de funcionarios federales consultados refirieron que después de esa rebatiña entre los Fernández de Cevallos, la familia pudo llegar a un acuerdo con los plagiarios, pero no ha trascendido el monto acordado por concepto del rescate del Jefe Diego.
Hasta el momento, entre los avances de las pesquisas por este caso, las autoridades investigadoras han podido reconstruir lo que el político hizo el día del plagio hasta el momento en que fue privado de su libertad junto a la puerta de la casa principal de un rancho suyo en Querétaro.
(11230)
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